Sin duda, el ajuste de la economía colombiana tras el colapso de precio del petróleo sigue siendo favorable, reflejándose en una recuperación gradual de la actividad en los últimos trimestres y en la corrección de los desequilibrios que se conformaron en aquella época: alta inflación, fuerte deterioro de la cuenta corriente y mayor déficit fiscal. No obstante, los denominados déficits gemelos se mantienen en niveles ‘incómodos’ e insostenibles en el largo plazo, requiriendo ajustes adicionales.

La reforma tributaria aprobada no logró el recaudo inicialmente previsto y el déficit en cuenta corriente mostró un deterioro mayor al esperado en el 2018 (3,8 por ciento del Producto Interno Bruto) en medio de una reducción de los precios del petróleo en el último trimestre del año, mayores importaciones y repatriación de utilidades de compañías petroleras a sus casas matrices, por lo que los inversionistas mantienen una alta preocupación acerca del comportamiento futuro de estas variables. 

En nuestra opinión, Colombia seguirá mostrando niveles de déficit en cuenta corriente relativamente altos en el futuro cercano, con el precio del petróleo manteniéndose como la variable más relevante. Ahora bien, los niveles actuales del déficit externo no parecen ser especialmente preocupantes en el corto plazo, en cuanto esperamos que al menos el 90 por ciento sea financiado con inversión extranjera directa, mientras que los flujos de portafolio, usualmente más volátiles, no jugarán un rol tan significativo. No obstante, deben tomarse medidas estructurales para corregir este fenómeno en el largo plazo. 

La consolidación de las cuentas públicas no solo es factor clave para la reducción del déficit fiscal, como está estipulado en la regla fiscal (3,1 por ciento del PIB en el 2018 al 1,3 en el 2023), sino para hacer sostenibles las cuentas externas del país. Somos optimistas en cuanto a la continuidad de implementación de políticas necesarias para evitar una reversión de los logros alcanzados y para seguir avanzando en la corrección de estos desequilibrios. Esto, necesariamente, implicará medidas adicionales en el 2020, bien sea a través de mayores ingresos fiscales o menor gasto público. Si bien un cambio en las reglas de juego cada dos años no es ideal, lo cierto es que debe reconocerse que existe mayor confianza en la capacidad y compromiso de las autoridades y el Congreso para plantear y aprobar las medidas requeridas para evitar potenciales crisis (tal vez 14 reformas tributarias desde 1990 sean el mejor ejemplo). 

Este, seguramente, seguirá siendo el caso en los próximos años, lo que debería permitir que Colombia logre mantener su estatus de Grado de Inversión, siendo este nuestro escenario base. Con esto, asumimos que la fortaleza y la confianza en las instituciones económicas se consolidará en el futuro, para lo cual dar mensajes acertados y consistentes es crucial. 

Tal vez, resulta aconsejable una mejor comunicación entre el Ministro de Hacienda, el presidente Duque y el partido de gobierno tras eventos desafortunados como el no apoyo al IVA en bienes básicos de la canasta familiar por parte del Centro Democrático, la instrucción del Presidente de no tocar los subsidios a la energía eléctrica, aun después de ser una medida anunciada por el ministro Carrasquilla, entre otras, para evitar otra reforma tributaria en el 2020. Estas situaciones elevan la incertidumbre y pueden llevar a pensar que la preocupación por la popularidad del gobierno está por encima de la sostenibilidad fiscal y económica. Confiamos en que ese no es el caso y que el Gobierno tomará las medidas necesarias para mantener la credibilidad y la confianza de los inversionistas.